Gobierno argentino deroga normativa obsoleta sobre registro de viveros

Una medida que busca reducir la burocracia y los costos administrativos en el sector

El gobierno del presidente Javier Milei ha dado un paso más en su agenda de desregulación al derogar una ley de 1967 que obligaba a los viveros a registrarse y rendir cuentas de su actividad. La derogación del Registro de Viveros se oficializó mediante el Decreto Delegado 410/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Una norma anacrónica de la época militar

La Ley N° 17.606, implementada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, establecía un control estricto sobre la producción, venta y transporte de plantas. Exigía que todos los establecimientos relacionados con esta actividad se inscribieran en un registro oficial y utilizaran una "Guía de sanidad para el tránsito de plantas o sus partes" para cada venta.

Razones para la derogación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que la derogación del Registro de Viveros responde a la necesidad de eliminar costos administrativos innecesarios y burocracia excesiva. Según el decreto, la ley imponía "restricciones que afectan tanto a productores como a comerciantes y particulares que transportan plantas".

Modernización del control sanitario

El gobierno asegura que la sanidad vegetal está garantizada actualmente a través del SENASA, sin necesidad de regulaciones como la derogada. Se han establecido criterios de buenas prácticas para el manejo de viveros y se implementó un documento de tránsito vegetal electrónico.

Parte de una política más amplia

La derogación del Registro de Viveros se enmarca en la política de simplificación normativa y eliminación de regulaciones consideradas anacrónicas por el gobierno de Milei. Esta medida busca reducir la intervención estatal en sectores que, según las autoridades, pueden regularse con criterios más modernos.

Con esta acción, el gobierno argentino continúa su agenda de desregulación, buscando eliminar normativas que considera obsoletas y que generan costos innecesarios para los ciudadanos y las empresas.